Por Sin Reservas
La Federación Dominicana de Servidores Públicos (Fedosep), denunció que en la presente gestión gubernamental miles de trabajadores del Estado han sido injustamente desvinculados de sus puestos de trabajo.
El presidente de la organización, Estanislao Castillo Reynoso, al hablar en Rueda de Prensa señaló que, entre las dependencias estatales más destacadas en la cancelación de su personal, se encuentra el Ministerio de Educación (Minerd), en donde el Ministro Roberto Fulcar, de manera inhumana, sin importar condición de salud, tiempo en servicios o edad, ha despedidos más de cinco mil humildes trabajadores administrativos.
Destaca Castillo, que «con estos despidos masivos en medio de la pandemia el gobierno estaría condenando una gran parte de la población, trabajadores de la administración pública, en medio de la crisis económica que vive nuestra nación y el mundo, no solo a perder sus empleos, sino tambien su seguridad y salud lo que provocaría la muerte de miles de dominicanos».
Agrega que también se están despidiendo a personas enfermas, con licencias médicas, con enfermedades catastróficas, de accidentes laborales (cáncer, en estado vegetal, diálisis, diabetes tipo 3, con accidente laboral), entregándoles certificación con fechas m atrasadas.
Continúa diciendo que «estas acciones irracionales, ilegales e injustas, sustraídas de las viejas ideas político-clientelar, basadas en promesas de empleos públicos por activismo político y que han sido una cultura, se contraponen totalmente con la estructura jurídica que rige el comportamiento de las instituciones y funcionarios públicos del Estado dominicano en estos momentos».
Insiste el dirigente gremial que «los despidos masivos se realizan por sospechas de no haber votado por el partido del gobierno, lo que constituye una violación a los derechos humanos y a los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la justicia social para una globalización equitativa».
La Fedosep, filial de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), asume que «el presidente Luis Abinader no debe ni puede permitir que en una situación difícil a nivel de empleos privados, pues de acuerdo a cifras oficiales hay más de un millón de trabajadores que están suspendidos temporalmente, amparados por el programa FASE, entonces es una medida injusta y contraria lanzar a las calles a más de 200 mil empleados públicos, recordando que el mismo dijo que No se harían despidos masivos porque ese personal capacitado y con los derechos no se tocaría, creando ahora una crisis de tal magnitud que podría convertirse en una bomba de tiempo, que al explotar afectará de manera significativa los niveles de estabilidad social y política, por vía de consecuencias, la necesaria y urgente dinamización de la economía».
Le reiteran al presidente «que es una responsabilidad del Estado proteger a los trabajadores en situación vulnerable, reducir la pobreza y contribuir a la estabilidad económica del país antes la crisis del Covid-19».
Citan que “la Constitución establece en su artículo 7 que: La República Dominicana, es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Y en su artículo 8 expresa que: Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos».
También establece la Carta Magna en su artículo 62 que: «El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado y es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado, por lo que la administración pública no puede andar de espaldas a lo que establece el marco jurídico que la rige, puesto que, todo acto administrativo contrae afectación directa al presupuesto nacional, en tal razón, los fondos público no pueden estar sujetos a caprichos particulares ya que el Estado esta creado por sus instituciones, las cuales son creadas por normas, las normas son pacto sociales tendentes a crear armonía social, proteger y fomentar el bienestar de las personas, es por lo que, la administración pública no puede ni debe andar de espaldas a las mismas».
Concluyen «solicitando al señor presidente Luis Abinader, abstenerse a realizar cancelaciones masivas a los humildes trabajadores del Estado y así llevar la tranquilidad a miles de familias dominicana».
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La responsabilidad de los gobiernos es garantizar la estabilidad y tranquilidad del ciudadano. Se debe crear más empleos no generar desempleos. Estamos en lo mismo, desvistiendo un santo para vestir a otro. Es un acto de maldad y crueldad quitarle a una persona que gana mensuales 12,000 a 15,500 pesito para comer arroz con huevos. También es una estupidez, como se le da fase y Pa’ti o cualquier otra ayuda y entonces dejan a estas pobres personas sin trabajo. Eso no es de Dios, no importa de qué partido sea, son dominicanos igualitos y a los ciudadanos común no se debe condenar por su ideología política. Estamos obsoleto en este sistema, pensé que el cambio era diferente, solo cambio de color, que decepción, yo que vote por él.